El costo de no cumplir: porque el compliance es una inversión y no un gasto
Para muchas organizaciones, el cumplimiento normativo continúa percibiéndose como un gasto administrativo. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: el costo del incumplimiento va más allá de una sanción económica que supera ampliamente la inversión necesaria para implementar un programa de compliance efectivo.
Cuando hablamos de un programa de cumplimiento o compliance, nos referimos a un sistema de gestión que, a través de diversos mecanismos, se encarga de administrar, controlar, supervisar, implementar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones, con el objetivo de asegurar la integridad, la gobernanza y el éxito de la organización.
Con lo anterior, no se trata de una función aislada del área legal, sino de un enfoque multidisciplinario que involucra a finanzas, recursos humanos, operaciones, dirección general y demás áreas de cada empresa.
No existe un modelo único de compliance aplicable a todas las organizaciones. Cada empresa debe diseñar e implementar un programa de cumplimiento normativo acorde con sus características particulares, considerando factores como su actividad económica, estructura organizacional y nivel de exposición a riesgos regulatorios.
Lo anterior, incluyendo mecanismos internos de control, como las políticas de ética y conducta, canales de denuncia, auditorías internas y programas de capacitación.
Cuando se habla de gestionar el cumplimiento normativo, implica tres tipos de actividad:
El costo de no cumplir, o costo de incumplimiento, se entiende como el conjunto de consecuencias económicas que enfrenta una organización cuando falla en observar sus obligaciones normativas, contractuales o de políticas internas. A diferencia de lo que suele asumirse, la multa económica es solo una parte de este costo, y con frecuencia no es la más significativa.
De acuerdo a un estudio de Ponemon Institute y Globalscape (2017), las consecuencias del incumplimiento se agrupan en cuatro categorías:
Interrupción del negocio
Pérdida económica por cancelación de contratos, cambios forzados en procesos o cierre temporal de operaciones. Es la consecuencia más costosa del incumplimiento.
Pérdida de productividad
Tiempo perdido cuando los sistemas o procesos críticos dejan de operar mientras se corrige la falla.
Pérdida de ingresos
Clientes que se van o dejan de confiar en la organización tras un incidente de incumplimiento.
Multas, sanciones y costos de arreglo
La categoría que normalmente se asocia con “el costo de no cumplir”, pero que representa, dentro de este marco, la consecuencia menos costosa.
El estudio mencionado concluyó que el costo promedio del incumplimiento era 2.71 veces superior al costo de mantener un programa de cumplimiento.
Aunque el estudio sigue siendo una referencia, el contexto regulatorio actual es más exigente. El incremento de obligaciones en materia fiscal, laboral, protección de datos personales, prevención de lavado de dinero, entre otras materias, permite sostener que la brecha económica entre cumplir y no cumplir es hoy aún mayor.
Hablar de un programa de compliance no es tener otro gasto administrativo, sino realizar una inversión en la capacidad de la organización para operar de manera ordenada, ética y conforme al marco jurídico aplicable. Su implementación fortalece una estructura de control interno y promueve una adecuada gestión de riesgos.
En este sentido, cuando el cumplimiento normativo se entiende desde una perspectiva estratégica y no únicamente como una obligación legal, el compliance deja de ser un mecanismo reactivo para convertirse en un habilitador del negocio. Además de prevenir contingencias legales y reducir costos derivados del incumplimiento, mejora la eficiencia operativa, fortalece el gobierno corporativo, incrementa la confianza de clientes, inversionistas y autoridades, y genera ventajas competitivas. En consecuencia, un programa de compliance protege el patrimonio de la organización y contribuye directamente a la creación de valor y a la sostenibilidad del negocio.
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