La cancelación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) implica la pérdida de la autorización para prestar servicios u obras especializadas. Esta baja puede derivarse de incumplimientos fiscales, laborales o administrativos, generando riesgos legales, operativos y financieros para las empresas registradas. A continuación, se detallan las causas y consecuencias de la cancelación.

Causas de la cancelación

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad de Trabajo Digno y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, tiene la facultad de cancelar el REPSE en cualquier momento cuando se actualicen ciertos supuestos.

De acuerdo con el Artículo Décimo Quinto del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (DOF, 2021), las principales causas son:

• Prestar servicios no registrados en el Padrón

Una primera causa es cuando la empresa presta servicios u obras especializadas que no están registradas en el Padrón. Esto significa que el alcance autorizado en el REPSE es vinculante: si la empresa ofrece actividades distintas a las inscritas, incurre en incumplimiento. En la práctica, esto ocurre cuando un proveedor amplía sus servicios sin actualizar su registro.

• Prestar servicios que forman parte del objeto social o actividad preponderante del contratante

Otra causal es prestar servicios u obras que forman parte del objeto social o de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria. El REPSE fue creado para regular la subcontratación de servicios especializados, no para encubrir actividades que son parte de la operación principal del contratante. Por ello, si la autoridad detecta que el servicio contratado sustituye funciones esenciales del beneficiario, procede la cancelación.

• Adeudos fiscales o de seguridad social

La cancelación del REPSE procede cuando la empresa registra adeudos firmes o incumplimientos frente al SAT, IMSS o INFONAVIT. En la práctica, esto significa que si la autoridad fiscal o de seguridad social determina que existen obligaciones pendientes de pago, como impuestos, cuotas obrero patronales o aportaciones de vivienda y dichos adeudos ya son exigibles legalmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede iniciar el procedimiento de cancelación.

Además, la opinión negativa de cumplimiento emitida por cualquiera de estas instituciones es suficiente para que la STPS considere que la empresa no reúne los requisitos para mantener vigente su registro.

• Dejar de cumplir con los requisitos que dieron origen al registro

El Acuerdo prevé además la cancelación cuando la empresa deja de cumplir con los requisitos o requerimientos que sirvieron de base para otorgar el registro. Esto incluye desde cambios en el objeto social hasta la falta de documentación que acredite la especialidad del servicio.

• Incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación

Otra causal es el incumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. Si la empresa incurre en prácticas prohibidas, como la simple provisión de personal sin acreditar especialidad, la autoridad puede revocar el registro de inmediato.

• Obstaculizar o no atender inspecciones y requerimientos

Asimismo, negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación solicitada por la STPS es motivo de cancelación. La autoridad otorga plazos breves para responder, y la falta de atención se interpreta como incumplimiento.

• No realizar la renovación en el plazo establecido

Finalmente, no realizar la renovación en el plazo establecido constituye una causal automática de cancelación. El REPSE tiene una vigencia de tres años, y la omisión en la reinscripción implica la baja del padrón.

Consecuencias de la cancelación

• Multas económicas

Continuar prestando servicios especializados sin REPSE vigente puede derivar en sanciones de 2,000 a 50,000 UMAS.

• Pérdida de contratos y clientes

Las empresas contratantes están obligadas a verificar que su proveedor cuente con REPSE vigente. Si el registro se cancela, los contratos pueden rescindirse de inmediato.

• Riesgo fiscal y de seguridad social

La cancelación suele estar vinculada a incumplimientos con SAT, IMSS o INFONAVIT. Esto abre la puerta a auditorías, créditos fiscales y recargos.

• Exposición reputacional

Aparecer en el padrón como empresa cancelada afecta la confianza de clientes y socios comerciales. La reputación de incumplimiento puede limitar nuevas oportunidades.

• Fiscalización coordinada

La STPS, el IMSS y el SAT comparten información. Una cancelación puede detonar revisiones conjuntas y requerimientos adicionales.

Identificarlas, documentarlas y prevenirlas es la única forma de conservar el registro y evitar sanciones. La diferencia entre una empresa cancelada y una que se mantiene en regla está en la diligencia probatoria, la renovación oportuna y la trazabilidad documental que respalde cada obligación cumplida.

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