Política de integridad: ¿Cómo se relaciona con el canal de denuncias?

La ética empresarial implica establecer y difundir valores desde la alta dirección hasta todos los niveles de la organización, incluidos los órganos de gobierno. Para lograrlo, las empresas establecen una política de integridad, la cual tiene como objetivo fomentar estándares de cumplimiento y responsabilidades para todas las partes interesadas.

En este sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 25 establece que toda persona moral debe contar con una política de integridad. Esta ley establece los principios básicos para el ejercicio ético del servicio público y la conducta empresarial. Adoptar una política de integridad alineada con esta ley demuestra el compromiso de la empresa con la legalidad y la ética en todas sus operaciones.

La política de integridad basada en esta ley aborda de manera proactiva los conflictos de interés, estableciendo mecanismos claros para identificar, gestionar y evitar situaciones en las que los intereses personales puedan influir indebidamente en las decisiones empresariales, por lo tanto, contribuye a la transparencia y evita posibles sanciones por prácticas irregulares.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), establece que la política de integridad se compone con los siguientes elementos:

Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura.

Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real. 

Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización de manera constante y periódica. 

Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes; así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana. 

Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad que contiene este artículo. 

Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la empresa. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el sexo, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

Con lo anterior, en su facción IV, se puede ver que parte de la política es tener sistemas de denuncias que permitan establecer un medio para alertar o informar acciones contrarias a los principios éticos, es decir, lo que va en contra de la política de integridad. En blogs anteriores, hemos hablado de que es un canal de denuncias y de sus beneficios. Este mecanismo es fundamental para fomentar acciones éticas, y mitigar errores a los que se encuentran expuestas las organizaciones.