Implicaciones por no renovar el REPSE

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    Una vez cancelado, el registro desaparece del padrón público y la empresa pierde la facultad legal para prestar servicios especializados. Si continúa operando, incurre en una infracción sancionable por parte de la autoridad laboral.

    La cancelación del REPSE tiene efectos fiscales inmediatos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede desconocer deducciones relacionadas con proveedores cancelados, lo que afecta tanto al contratista como al beneficiario. Asimismo, una opinión negativa de cumplimiento ante el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) puede bloquear la reinscripción y activar revisiones cruzadas entre autoridades.

    En el ámbito contractual, la falta de REPSE vigente puede justificar la rescisión de contratos por parte del beneficiario, la retención de pagos o la exclusión de procesos de licitación. La vigencia del registro constituye una condición operativa esencial para mantener relaciones comerciales válidas.

    El artículo 1004-C de la LFT establece que operar sin cumplir con las disposiciones de subcontratación puede ser sancionado con multas de 2,000 a 50,000 veces la UMA. En 2025, esto equivale a montos entre $226,000 y $5,657,000 MXN, dependiendo de la gravedad, reincidencia y tamaño de la empresa.

    Estas sanciones no requieren una inspección presencial: pueden derivarse de cruces de información entre autoridades, especialmente si la empresa sigue facturando servicios especializados sin registro vigente.

    Figurar como empresa cancelada en el padrón público afecta la percepción de cumplimiento ante clientes, socios y otras partes interesadas. La trazabilidad documental se vuelve crítica: sin registro vigente, cualquier inspección laboral o fiscal puede escalar rápidamente.

    Además, la cancelación puede ser interpretada como indicio de evasión o simulación, especialmente si se combina con inconsistencias en nómina, contratos o registros patronales. En contextos de fiscalización, la falta de REPSE puede ser el detonante de revisiones más amplias.

    • Suspender de inmediato la prestación de servicios especializados.
    • Regularizar obligaciones fiscales y de seguridad social.
    • Reunir evidencia documental que acredite la especialidad del servicio.
    • Evaluar la posibilidad de reinscripción en la plataforma REPSE, una vez subsanadas las causas de cancelación.

    Cabe señalar que la STPS no contempla prórrogas ni reactivaciones automáticas. El proceso debe iniciarse desde cero, cumpliendo con todos los requisitos vigentes.

    La omisión en la renovación del REPSE constituye una falta que puede derivar en cancelación, sanción económica, pérdida de contratos y exposición a fiscalización. La renovación debe ser tratada como una función crítica de cumplimiento, con controles automatizados, trazabilidad documental y revisión periódica de obligaciones.

    En el contexto actual, la vigencia del REPSE es un indicador de legalidad, continuidad operativa y competitividad empresarial. Perderlo implica mucho más que volver a tramitarlo.

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