Ley Antilavado 2025: Implicaciones para el beneficiario controlador

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La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en julio de 2025, marca un cambio trascendental en la transparencia corporativa en México.

Más que una actualización técnica, esta reforma redefine las obligaciones de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), colocando la transparencia como eje central de la integridad empresarial.

Ahora, tanto las personas morales como los fideicomisos y figuras jurídicas deben identificar, registrar y mantener actualizada la información de las personas físicas que:

Obtienen el beneficio económico final de sus operaciones.

La modificación también incorpora el Capítulo IV Bis en la LFPIORPI, el cual establece lineamientos específicos para la identificación, conservación y resguardo de la información relativa al beneficiario controlador, alineando sus obligaciones con el artículo 32-B Ter y  32-B Quinquies del CFF.

Principales implicaciones para las empresas

Mayor trazabilidad La autoridad podrá acceder de forma más ágil a la información sobre los verdaderos dueños o controladores de las entidades, cerrando espacios a estructuras opacas.
Actualización periódica Los sujetos obligados deberán mantener actualizados los datos del beneficiario controlador, garantizando su veracidad ante cualquier cambio en la composición accionaria o de control.
Sanciones El incumplimiento de la obligación de identificar, conservar o actualizar esta información puede derivar en multas de $226,280.00 a $1,131,400.00 (art.54, fracción II de la LFPIORPI) pesos mexicanos por cada beneficiario controlador no identificado, además de sanciones fiscales y administrativas. 
Intercambio de información La reforma refuerza la colaboración entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Economía (SE), quienes compartirán información para detectar inconsistencias o posibles operaciones ilícitas.

La reforma impone un desafío relevante: no basta con identificar al beneficiario controlador, es indispensable documentar, conservar y actualizar esa información conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad.

Esto implica integrar expedientes completos con:

  • Documentos de identificación del beneficiario controlador.

  • Estructura corporativa que refleje su participación o control.

  • Declaraciones y comprobantes de veracidad firmados.

Entre sus funcionalidades principales destacan:

Registro automatizado de beneficiarios controladores.

Integración documental digital y trazabilidad de actualizaciones.

Alertas automáticas ante cambios o incumplimientos.

Con esta herramienta, las empresas pueden garantizar el cumplimiento normativo y reducir riesgos.

La Ley Antilavado 2025 consolida un nuevo estándar de transparencia empresarial.

Su correcta implementación no solo evita sanciones, sino que demuestra el compromiso de las organizaciones con la integridad y la rendición de cuentas.

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