En el ámbito fiscal, el papel del beneficiario controlador es esencial para asegurar la transparencia, la legalidad y la responsabilidad, más allá de quienes ejercen la responsabilidad fiduciaria. Mantener registros fidedignos y actualizados sobre quiénes controlan realmente las entidades legales no es solo una formalidad, sino una obligación con serias implicaciones fiscales. No cumplir con esta responsabilidad puede derivar en sanciones fiscales significativas, afectando la viabilidad y la reputación de cualquier organización.
¿Qué es un beneficiario controlador?

Para efectos fiscales se entenderá como beneficiario controlador según el artículo 32-B Quater del Código Fiscal de la Federación (CFF), a aquella persona física o grupo de personas físicas que directa o indirectamente obtienen beneficios de su participación en una entidad legal, pudiéndose tratar de una persona moral, fideicomiso u otra figura similar. Incluyendo situaciones en las que estas personas, ya sea directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
¿Por qué es importante conocer esta figura?
La identificación del beneficiario controlador es importante porque radica de la implementación de un programa de cumplimiento, para garantizar la transparencia, mitigar riesgos y asegurar que la empresa cumpla con todas sus obligaciones legales y fiscales, alineándose así con las normativas vigentes y protegiéndose contra posibles sanciones.
¿Cuáles son las obligaciones a las que se encuentran sujetas las empresas?

El artículo Art. 32-B Ter Código Fiscal de la Federación establece como obligación:
Obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada, de sus beneficiarios controladores, así como los mecanismos y procedimientos, para conservar la información actualizada sobre el Beneficiario Controlador.
Multas y sanciones por incumplimiento
El Código Fiscal establece sanciones significativas para quienes no cumplen con la obligación de identificar, mantener y actualizar la información sobre los beneficiarios controladores. Estas sanciones buscan promover una gestión transparente y evitar actividades ilícitas como el lavado de dinero. Las principales obligaciones y sus respectivas sanciones incluyen:
Infracciones: Artículo 84-M del Código Fiscal de la Federación (CFF)
Sanciones: Artículo 84-N del Código Fiscal de la Federación (CFF)
No obtener, no conservar o no presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código o no presentarla a través de los medios o formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.
De $1,686,750.00 a $2,249,000.00 pesos.
No mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código.
De $899,600.00 a $1,124,500.00 pesos.
Presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables.
De $562,250.00 a $899,600.00 pesos.
La correcta identificación y actualización de los beneficiarios controladores es mucho más que una obligación; es una pieza clave para asegurar una estructura social transparente y responsable. Las implicaciones del incumplimiento no solo afectan a la organización desde el punto de vista financiero, sino que también ponen en riesgo la confianza de las partes interesadas.
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